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lunes, 3 de marzo de 2025
Los Graduados Sociales, en 2024, gestionaron cerca de 11.000 consultas de Orientación Jurídica Gratuita
Recientemente se han presentado las conclusiones más relevantes del informe sobre los Servicios de Orientación Jurídica Gratuita, realizado por el Observatorio de la Profesión, perteneciente al Consejo General de Graduados Sociales de España, en el que informa que cerca del 70% de los 43 colegios oficiales de graduados sociales en nuestro país cuentan con un servicio de orientación jurídica gratuita, reafirmando su compromiso con la justicia social y el acceso de la ciudadanía a un asesoramiento especializado en materia laboral.
El informe resalta que el aumento del número de consultas atendidas en los últimos años refleja la creciente necesidad de orientación jurídico-laboral en la sociedad. En 2019 se registraron 7.149 consultas, en 2020 fueron 5.918, y en 2024 la cifra ascendió a 10.409 consultas, siendo el Colegio de Alicante el que más peticiones ha gestionado, debido principalmente a su disponibilidad horaria, ya que esta varía entre unos y otros colegios, habiendo unos los que prestan este servicio un día a la semana y otros en cambio diariamente.
El servicio de orientación jurídica gratuita atiende desde hace más de 16 años a los ciudadanos que, habiendo solicitado cita previa, requieren de una orientación en materia jurídico laboral, de seguridad social o de pensiones y que en muchos casos, no pueden ser atendidos por la propia Administración, como son Inspección de Trabajo, Tesorería, INSS, Juzgados, tribunales de mediación, etc., puesto que a falta de recursos humanos suficientes y de haber modificado una atención personal en atención telemática, en ocasiones les imposibilita una atención ciudadana más personalizada.
“Desde cada uno de los Colegios, a través de una labor encomiable de los Graduados Sociales que de forma voluntaria están adscritos a este servicio, orientamos a ciudadanos que no han podido ser atendidos por otros organismos, en la mayoría de casos sin recursos económicos, por lo que se dirigen a nuestras oficinas de orientación, para que les podamos aclarar sus dudas en temas laborales, sociales y de pensiones, así como temas relacionados con la conciliación familiar y prestaciones de seguridad social. Me siento muy orgullosa del servicio que prestamos y de todas y todos los Graduados Sociales adscritos a él, puesto que estamos ayudando a muchas personas y estamos creando Justicia Social”, comenta Apol·lònia Ma Julià Andreu, directora del Observatorio.
Cabe destacar que estas consultas abarcan diversos temas en materia sociolaboral, siendo en su mayoría cuestiones relacionadas con conflictos y dudas laborales, reclamación de cantidades, revisión de nóminas o derechos de convenio, entre un 30 a 60% están relacionadas con despidos, y otras relacionadas con jubilación, incapacidades, subsidios, extranjería y prestaciones de nacimiento.
“Estas cifras avalan la labor que realizamos y un motivo más por el que nuestro colectivo de Graduados Sociales debería estar incorporado en el sistema de Asistencia Jurídica Gratuita o turno de oficio, además de por su especialización en el orden social. De esta manera, se garantizaría el derecho del ciudadano a recibir asesoramiento jurídico especializado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, reforzando el papel fundamental de los Graduados Sociales en especialistas en la protección de los derechos laborales y sociales”, aclara Apol·lònia Ma Julià Andreu.
El primer Colegio en instaurar este servicio fue el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla en 2009, seguido al año siguiente por el de Illes Balears. Actualmente, los colegios que han suscrito convenios de colaboración con entidades públicas para la prestación de este servicio han sido Gran Canaria y Fuerteventura, Madrid, Alicante, Castellón, Pontevedra, Illes Balears, Barcelona, Gipuzkoa, Almería, Bizkaia, Sevilla, Lugo y A Coruña-Ourense. En algunos casos, hay Colegios que cuentan con dos servicios, uno propio y otro en colaboración con la correspondiente entidad provincial.
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