ROIPRESS / ESPAÑA / FISCALÍA - Los fiscales de lo penal en España son miembros del Ministerio Fiscal y tienen como función principal la defensa de la legalidad y la promoción de la acción de la justicia en el ámbito penal. En cuanto a su salario, está regulado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado y varía en función de diferentes factores.
El salario de un fiscal de lo penal en España depende de su categoría. Existen tres categorías dentro del cuerpo de fiscales: fiscal jefe, fiscal y fiscal sustituto. Los fiscales jefes son los más experimentados y tienen una mayor responsabilidad en la toma de decisiones en los tribunales. Por lo tanto, su salario es el más elevado.
Además, el salario de un fiscal de lo penal en España también está condicionado por su antigüedad en el cargo. Los fiscales de lo penal que acaban de empezar su carrera reciben un salario inferior a los que tienen más experiencia y han ocupado el cargo durante más tiempo.
Según los datos del Consejo Fiscal, el salario bruto anual de un fiscal de lo penal en España en el año 2021 oscila entre los 42.111 euros para un fiscal sustituto con menos de dos años de experiencia, hasta los 86.505 euros anuales para un fiscal jefe con más de 25 años de experiencia.
Además de su salario, los fiscales de lo penal en España también tienen derecho a una serie de beneficios sociales, como la seguridad social, la pensión de jubilación, los días de vacaciones, permisos retribuidos y las prestaciones por incapacidad temporal.
En conclusión, el salario de un fiscal de lo penal en España varía en función de su categoría y antigüedad en el cargo. Se trata de un salario que está regulado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que está dentro de la media de los salarios de los trabajadores españoles. Es importante destacar que, más allá del salario, los fiscales de lo penal tienen una gran responsabilidad en el sistema judicial español y juegan un papel fundamental en la lucha contra el delito y la protección de los derechos de los ciudadanos.
No se puede asemejar lo que gana un funcionario como un fiscal con lo que puede ganar un abogado penalista que tramite expedientes como delitos de pornografía infantil, tráfico de drogas o asesinatos donde las minutas son muy altas.