/ IBERIAN PRESS / La obligación tributaria de un extranjero en el país depende de varios factores, entre ellos el tiempo de permanencia en el país, el tipo de ingresos que percibe y la naturaleza de sus bienes. No todos los extranjeros deben pagar impuestos de forma automática, pero cuando se cumplen ciertos criterios, la Agencia Tributaria establece claramente las responsabilidades fiscales aplicables.
En el caso de quienes residen de forma temporal o tienen propiedades en el país, existen regulaciones específicas que determinan sus obligaciones. Por ejemplo, los impuestos para no residentes en Málaga son una consulta frecuente entre quienes poseen inmuebles, generan ingresos por alquileres o realizan actividades económicas sin establecer su residencia fiscal en territorio español. Estos contribuyentes deben cumplir con normas concretas que varían respecto a las aplicables a los residentes permanentes.
El criterio principal que define si una persona es considerada residente fiscal es el de permanencia. Si un extranjero permanece en el país más de 183 días durante un año natural, se le considera residente a efectos fiscales. También se adquiere esta condición si el núcleo principal de sus actividades económicas o intereses vitales están en el país. En tal caso, debe declarar la totalidad de sus ingresos, tanto los obtenidos dentro del país como los generados en el extranjero.
Para quienes no alcanzan ese tiempo de residencia, pero poseen bienes o generan ingresos desde este territorio, la normativa distingue entre diferentes tipos de obligaciones. Uno de los más comunes es el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR), que grava las rentas obtenidas por personas físicas o jurídicas no residentes, con tipos impositivos que varían según el origen de los ingresos y la existencia de convenios de doble imposición entre España y el país de origen del contribuyente.
También es relevante el pago sobre Bienes Inmuebles (IBI), que deben pagar quienes tienen propiedades registradas a su nombre, sin importar si residen de forma habitual en el país. “En el caso de alquileres, los ingresos generados por estos deben declararse, y se aplica una retención fiscal que depende de la residencia fiscal del arrendatario”, explican desde la oficina de Asesoría Elisa Vásquez.
Otro aspecto a considerar es el gravamen sobre el Patrimonio, que también puede afectar a no residentes si el valor de sus bienes en España supera el mínimo exento establecido por la normativa. Aunque en muchas comunidades autónomas este impuesto tiene bonificaciones o incluso se encuentra suprimido, su vigencia y aplicación pueden cambiar según la región, por lo que es necesario revisar cada caso de forma particular.
El proceso de declaración y pago de impuestos para no residentes requiere, en muchos casos, la intervención de un representante fiscal. Este profesional actúa en nombre del contribuyente ante la Agencia Tributaria, especialmente si el extranjero no es residente y necesita cumplir con sus obligaciones desde el exterior. Contar con esta figura facilita la gestión y evita sanciones por incumplimiento.
España mantiene convenios de doble imposición con numerosos países para evitar que una misma renta sea gravada en dos territorios. Estos acuerdos permiten aplicar deducciones o exenciones y garantizan mayor seguridad jurídica a quienes tienen vínculos económicos en más de un país. Conocer si existe un convenio de este tipo con el país de origen del contribuyente es clave para calcular correctamente las obligaciones fiscales y evitar pagos duplicados.
Las leyes tributarias pueden variar con el tiempo, por lo que es recomendable revisar con frecuencia las disposiciones vigentes y buscar asesoramiento profesional. Estar informado y cumplir con las normativas no solo evita sanciones, sino que también permite planificar mejor las decisiones económicas y patrimoniales.
El compromiso con las obligaciones fiscales fortalece la relación de los contribuyentes con el entorno legal y económico del país donde generan valor. Para los extranjeros, comprender cuándo y cómo deben declarar sus impuestos es parte del proceso de integración y responsabilidad en una sociedad que ofrece oportunidades, pero también exige cumplimiento normativo.
